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¿Sabías que México, los EE.UU. y Canadá están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en este momento?  Firmado en 1992, el TLCAN cuenta con casi 25 años de vigencia y muchos expertos lo consideran anticuado, sobretodo en cuanto al área de protecciones laborales.  Este Tratado eliminó varias barreras a la importación y exportación de productos y servicios entre los tres países de manera progresiva.  Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los tratados de libre comercio modernos, el TLCAN no incluye un capítulo dedicado al tema de trabajo que proteja a las cientas de miles de personas trabajadoras migrantes que trabajan en los EE.UU. cada año—cosechando frutas y vegetales, cuidando niños o trabajando en la construcción.  Es decir, trabajadoras y trabajadores migrantes mexicanos como ustedes.  En lugar de un capítulo dedicado al trabajo, el TLCAN incluye un acuerdo paralelo llamado el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). El ACLAN ha sido un mecanismo ineficaz e inadecuado para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores migrantes que trabajan en los EE.UU. cada año.  Los EE.UU. dependen sustancialmente de estas y estos trabajadores temporales de México para forjar, mantener y crecer los sectores claves asociados al libre comercio promovido por el TLCAN, incluyendo la agricultura y el procesamiento de alimentos, entre otros.  La modernización del Tratado presenta una oportunidad única para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de obligar a los gobiernos de México, EE.UU. y Canadá a robustecer las protecciones laborales para las y los trabajadores migrantes.

            Por esta razón, el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) está empoderando a las y los trabajadores migrantes para defender y abogar por protecciones laborales más fuertes en el TLCAN renegociado entre los tres países.  El 26 de junio del 2017, CDM organizó una junta estratégica trinacional que incluyó a líderes migrantes, expertos sobre derechos laborales y organizaciones defensoras de los derechos de las y los migrantes.  Dos líderes migrantes
de México—Don Leonardo Cortez Vitela de Zacatecas y Adareli Ponce Hernández de Hidalgo—también participaron en la junta estratégica en la capital de los EE.UU., Washington, D.C.  Tanto el Señor Cortez, como la Srta. Ponce, son miembros del Comité de Defensa del Migrante, un grupo de trabajadoras y trabajadores migrantes y sus familiares apoyado por el CDM que se dedica a la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores migrantes reclutados para trabajar en los EE.UU.  

            Después de la junta estratégica, el Señor Cortez y la Srta. Ponce ofrecieron testimonios sobre sus experiencias con las visas de trabajo temporales durante una audiencia pública frente al gobierno de los EE.UU. que se llevó a cabo el 28 de junio.  Durante la audiencia, ambos líderes trabajadores ofrecieron recomendaciones al gobierno de los EE.UU para fortalecer los derechos de las y los migrantes durante la renegociación del TLCAN.  Como trabajador H-2B en la industria de ferias en los EE.UU., el Sr. Cortez trabajó bajo condiciones laborales muy peligrosas y le pagaban sólo $3 dólares USD por hora, mucho menos del salario mínimo federal.  En el 2011, el Sr. Cortez y algunos compañeros presentaron una queja bajo el ACLAN.  La queja denunciaba cómo el gobierno de los EE.UU. no había cumplido con sus compromisos bajo el ACLAN ya que no aseguró condiciones laborales mínimas y la protección de las y los trabajadores migrantes.  

Durante casi dos años el Sr. Cortez y sus co-peticionarios no tuvieron respuesta.  No fue hasta el 2014 que los gobiernos de EE.UU. y México respondieron; la respuesta fue totalmente insuficiente.  En vez de tomar acción para mejorar la implementación de las leyes laborales estadounidenses, los gobiernos de EE.UU. y México simplemente organizaron varios talleres de conoce tus derechos y firmaron una “Declaración Ministerial” (es decir, una enunciación oficial) que afirmaba su compromiso por aplicar sus leyes laborales y una serie de actividades educacionales y de difusión dirigidas a las quedas de los peticionarios. Sin embargo, no se les informó a los trabajadores sobre el proceso ni tomó pasos concretos para mejorar la aplicación de leyes laborales estadounidenses. 

El Sr. Cortez testificó que han pasado seis años desde que sometió su petición y nadie ha sido sancionado por violar los derechos laborales del Sr. Cortez ni de sus co-peticionarios; ni han recibido compensación por los abusos que sufrieron.  Por su parte, la Srta. Ponce testificó sobre su experiencia de discriminación como mujer, trabajadora H-2B.  Contó cómo los reclutadores la excluían sistemáticamente de los trabajos que le ofrecían a los hombres, en violación de las leyes de antidiscriminación de los EE.UU. y México.  Los trabajos limitados que le ofrecían a ella y sus compañeras comprendían salarios más bajos y menos beneficios que los trabajos que sus compañeros hombres recibían.  En el 2016, la Srta. Ponce presentó una petición bajo el ACLAN junto con unas compañeras y organizaciones aliadas, pero no se ha recibido una respuesta por parte de los gobiernos de México o de los EE.UU. El Sr. Cortez y Srita. Ponce exigió que legisladores estadounidenses establezcan mecanismos para proteger a las y los trabajadores migrantes y su derecho a acceder a la justicia bajo el TLCAN renegociado. Ustedes pueden ver el video de la audiencia pública, incluyendo los testimonios del Sr. Cortez y de la Srta. Ponce en Español, en el enlace aquí.         

Lamentablemente, las experiencias que tuvieron el Sr. Cortez y la Srta. Ponce con el sistema de quejas del ACLAN es una experiencia común.  Dos décadas desde que se estableció este acuerdo de cooperación laboral, el ACLAN ha probado ser demasiado complicado, inaccesible e ineficaz en cuanto a su propósito de proveer justicia a las y los trabajadores migrantes.  Las y los trabajadores migrantes y sus defensores deben de aprovechar esta oportunidad para hacer las siguientes recomendaciones prioritarias durante la renegociación del TLCAN:

• Incluir un Capítulo Laboral que refleje, como mínimo, los principios laborales actuales bajo el TLCAN y protecciones adicionales para trabajadoras y trabajadores reclutados internacionalmente—como la libertad de coerción económica, la habilidad de cambiar empleadores y un camino a la ciudadanía.
• Eliminar las barreras para acceder a la justicia y a los beneficios, incluyendo servicios legales, beneficios para sobrevivientes del Seguro Social y compensación al trabajador.
• Incluir plazos claros, accesibles y aplicables para la resolución de disputas laborales y un proceso transparente.

Las y los trabajadores AHORA tienen la oportunidad de compartir su insumo y recomendaciones con la Secretaría de Economía del Gobierno de México (aquí) y el Senado de la República (aquí) y de esta forma pedirle al gobierno Mexicano que asegure que el TLCAN renegociado incluya protecciones laborales robustas y eficaces.