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Hace algunos días la agencia de noticias EFE, publicó una nota sobre la sentencia que recibió el empleador y reclutador Jorge Vazquez por el cobro de cuotas de reclutamiento ilegales para empleos temporales con visa H-2A. 

Jorge Vázquez trabajaba para las empresas H-2A Placement Services y J&D Harvesting de Melquiades Jacinto Lara, el cuál también contrataba a trabajadores agrícolas con falsas promesas de empleo y una serie de altas cuotas por el trabajo ofrecido, así como cobros de vivienda, alimentos, transporte y deducciones ilegales en los sueldos de las personas trabajadoras. De acuerdo a dicha nota, las cuotas para obtener el trabajo eran de hasta 3 mil dólares, estos cobros indebidos los habían mantenido desde el 2012, cuando reclutaban a trabajadores agrícolas temporales.

La Jueza Josephine L. Staton del distrito de California, fue quien dictó la sentencia para Jorge Vazquez, la cual le obliga a pasar 12 meses en prisión, además de pagar 135 mil 389 dólares en restitución a las víctimas. 

En proceso y  espera de sentencia también se encuentra Ricardo Mendoza Oseguera, el dueño de la tienda “Mi pueblito”, pues las y los trabajadores migrantes se encontraban sometidos a realizar sus compras únicamente en este sitio.

Hacer visible este tipo de abusos y violaciones a los derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes no es posible sin la voz de las y los trabajadores, muchas veces por el temor de sufrir represalias no se denuncian este tipo de acciones, pero existen organizaciones, abogadas, abogados y personas aliadas que están dispuestas a trabajar junto a las y los trabajadores para luchar por sus derechos y empujar su poder y fuerza para que su voz sea escuchada y tengan acceso a la justicia.  

Sabemos que los procesos son lentos, pero existen ejemplos como este en donde ¡la justicia llega!