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Grupo de derechos de migrantes busca víctimas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - Las personas que estuvieron detenidas en la cárcel del condado de Los Ángeles debido a las retenciones de ICE en el período de octubre de 2010 a junio de 2014 pueden ser elegibles para participar en un acuerdo financiero para compensarlas por violaciones de derechos cometidas por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD ). Más de 18,500 personas tienen derecho a recibir una restitución del acuerdo de $14 millones de dólares. Los miembros de la clase son elegibles para recibir de $250 a $25,000 dólares según el tiempo que estuvieron detenidos y otros detalles. Para recibir una compensación, las personas deben presentar un reclamo, que no requiere que revelen su estatus migratorio, a más tardar el 10 de octubre de 2021. Toda la información presentada por los reclamantes se mantendrá confidencial.

La demanda colectiva Roy v. Condado de Los Ángeles fue presentada por inmigrantes detenidos ilegalmente por el LASD, a veces durante meses, debido a solicitudes de "retención de ICE" (también conocidas como retenciones de inmigración). Un tribunal federal dictaminó que LASD violó la constitución al encarcelar a personas únicamente por estas retenciones. Lee Baca fue alguacil de Los Ángeles durante la mayor parte del período en el que se produjeron violaciones; Baca actualmente cumple una pena de prisión de tres años por obstruir una investigación federal.

“Como inmigrantes, venimos de diferentes países y los cuerpos policiales actúan como si las protecciones básicas no se aplicaran a nosotros,” dijo Antonia C., quien fue detenida luego de ser acusada injustamente de robo de auto. Se le negó la libertad bajo fianza debido a una retención de ICE y estuvo en la cárcel durante 70 días en el 2012. “Rompieron mi familia y mi hogar. Cuando te encierran, te rompen. Dañaron mi salud física y mental. Todas las personas que nos vimos afectadas por este arreglo entre ICE y el Departamento del Sheriff debemos unir nuestras voces. Si bien ninguna cantidad de dinero será suficiente para reparar nuestras cicatrices, este fondo de compensación es muy importante. Necesitamos tomar lo que se nos debe y mostrarles que lo que nos hicieron, a nuestras familias, importa."

La hija de Antonia, que prefiere permanecer en el anonimato, dijo: “Estas acciones no solo afectan a las personas que fueron encarceladas, piensen en sus familias. Yo tenía solo 11 años cuando me separaron de mi mamá. Nos separaron. Estaba llena de confusión y tristeza. Sin mi mamá a mi lado, sentía que no tenía un lugar en este mundo. Perdimos todo. Cada día que tu familiar no está ahí es doloroso. Piensen en todo lo que nos perdimos, nunca recuperaremos ese tiempo. Mi mamá es mi superhéroe personal; es fuerte y de buen corazón. Estoy muy orgullosa de ella por presentar este caso y desempeñar un papel importante en el establecimiento de este fondo de compensación. La injusticia a menudo no tiene consecuencias, por lo general no obtienes nada. Pero esto se siente diferente. Es como si mi mamá y yo, y muchas otras familias, finalmente pudiéramos obtener un cierre y justicia."

En colaboración con la ACLU del Sur de California y el bufete de abogados de McLane, Bednarski & Litt, el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) está llevando a cabo actividades de divulgación pública y en los medios de comunicación para identificar a los miembros de la clase y alentarlos a presentar reclamos. CDM, una organización binacional de derechos de las y los trabajadores migrantes ha identificado exitosamente a miembros de la clase y ha ayudado en la distribución de asentamientos en demandas de inmigración de alto perfil. En este caso, la organización centrará sus esfuerzos en llegar a los miembros de la clase de habla hispana en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y California.

“Este caso representa una práctica generalizada: las agencias locales de aplicación de la ley se inclinan ante ICE y socavan los derechos de las personas inmigrantes. Esta deferencia inconstitucional a las políticas de ICE tiene consecuencias brutales para las personas, familias y comunidades a través de las fronteras,” dijo Evy Peña, directora de Comunicaciones y Desarrollo del CDM. “Tenemos razones para creer que las personas pueden haber sido deportadas como resultado de las acciones del alguacil de Los Ángeles. Si bien ubicar a los miembros de la clase puede representar un desafío, dado el alcance geográfico de nuestra búsqueda, vemos esto como una oportunidad. Cada miembro calificado de la clase que fue tratado ilegalmente podrá recibir una compensación, independientemente de dónde se encuentre."

"Dejemos que este acuerdo sea una llamada de atención para todas las agencias de aplicación de la ley en todo el país que hoy continúan encarcelando a personas ilegalmente por solicitudes sin orden judicial de ICE," dijo Jennie Pasquarella, co-abogada del caso, directora de derechos de inmigrantes de ACLU SoCal y abogada senior. "Deberían detener o ser responsables por daños y perjuicios a todas las personas que han detenido ilegalmente."

“Durante años, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, la agencia de aplicación de la ley más grande de los Estados Unidos, negó cruelmente a los inmigrantes las protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos en la cárcel, reteniéndolos injustificadamente sin causa como prisioneros,” dijo Lindsay Battles, co- abogada en el caso y socia de McLane, Bednarski & Litt. "Este acuerdo responsabiliza al departamento del alguacil por miles de encarcelamientos ilegales y proporciona una medida de compensación a cada persona lesionada por sus políticas inconstitucionales".

Se anima a las personas que creen que pueden ser víctimas a visitar www.ICEHoldCaseLA.com o llamar al 1-833-537-1192 para obtener más información sobre cómo presentar un reclamo.