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100% de las y los trabajadores encuestados en el informe reportan al menos una violación grave de los derechos

BALTIMORE, MD– Un nuevo informe publicado hoy por el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), una organización transnacional de derechos de los trabajadores migrantes, documenta abusos laborales extensos en el programa de visas H-2A de EE. UU. El programa se ha expandido con un récord de 256,667 trabajadores y trabajadoras certificados en el año fiscal 2019. Sin reforma, el número de las y los trabajadores que sufren abuso solo aumentará y la supervisión gubernamental ya anémica demostrará aún menos efectiva, según el informe. 

Tiempo de Reforma:  Abuso de las y los trabajadores agrícolas en el Programa de Visa H-2A se basa en entrevistas en profundidad con 100 trabajadores y trabajadoras de todo México que vinieron a los Estados Unidos con estas visas en los últimos cuatro años. El reporte documenta la discriminación, el acoso sexual, el robo de salarios y las violaciones de salud y seguridad por parte de sus empleadores, y una sorprendente falta de recurso para las y los trabajadores. También analiza cómo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, las fallas sistémicas del programa exacerban la vulnerabilidad de las y los trabajadores al virus. 

Según el informe, el abuso de las y los trabajadores en el programa no es producto de unos pocos empleadores; más bien, es el producto previsible de un programa que hace que las y los trabajadores sean vulnerables al abuso y les ofrece a los trabajadores prácticamente ningún poder de negociación.

Tiempo de Reforma recomienda pasos incrementales, incluidos cambios legislativos y reglamentarios, para mejorar el programa, así como reimaginar fundamentalmente un modelo de programa que priorizaría los derechos humanos de las y los trabajadores H-2A y sus familias y elevaría los estándares laborales para todas y todos los trabajadores.

Las deficiencias del programa H-2A combinan la exclusión histórica de las y los trabajadores agrícolas de las protecciones laborales federales (enraizadas en las políticas racistas de Jim Crow) con una supervisión federal laxa y una coacción de los trabajadores. A diferencia del programa H-2B para trabajo no agrícola, el programa H-2A no tiene límite en la cantidad de visas que el gobierno puede emitir. La rápida expansión también ha llevado a una mayor contratación de trabajadores y trabajadoras de comunidades indígenas en México, un grupo que es más vulnerable al abuso debido a las barreras del idioma, la ubicación geográfica, la pobreza y otros factores.

Todas y todos los trabajadores encuestados experimentaron al menos una violación legal grave y el 94% experimentó tres o más. Las prácticas económicamente coercitivas inherentes al sistema dificultan la protección de las y los trabajadores.

Los gastos y las deudas acumuladas por las y los trabajadores para llegar a un trabajo a menudo no les dejan más remedio que soportar condiciones abusivas y peligrosas en lugar de renunciar y regresar a casa. Sesenta y dos por ciento de las y los trabajadores entrevistados tomaron préstamos para obtener los fondos necesarios para asegurar el trabajo. Además, el 26% de las y los trabajadores tuvo que pagar tarifas a los reclutadores de hasta $ 4,500, una práctica ilegal que persiste debido a la mala aplicación de la ley. Estos costos son aún más onerosos cuando a las y los trabajadores se les paga menos de lo que se les prometió al momento de la contratación, una situación informada por el 43% de los trabajadores encuestados.

" La indiferencia de los gobiernos ha permitido que el fraude y la malversación se acumulen en estos programas, atrapando a las y los trabajadores endeudados en trabajos peligrosos con pocos recursos", dijo Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del CDM. "De hecho, el Departamento de Trabajo ha propuesto cambios que empeorarían la situación". "

"La idea de que la industria se vigilará a sí misma es una fantasía que ha causado terribles dificultades. Incluso cuando las leyes están en los libros, son rutinariamente burladas por malxs actores. Se requiere nueva legislación y la aplicación se ha mejorado drásticamente. Nadie debería tener que pagar para trabajar y ser forzado a tolerar el abuso ".

Muchos de las y los trabajadores encuestados experimentaron indicadores de trata laboral: el 34% informó que los empleadores restringieron su movimiento, y el 32% se describió a sí mismos como sintiendo que no podían renunciar libremente. Un trabajador, "Mario", pagó más de $ 2,000, incluidos $ 560 en honorarios de reclutamiento, para asegurar su trabajo recogiendo cultivos en Wauchula, Florida, en la primavera de 2019. Mario dijo: "Viví en un corral hecho de material de metal delgado que estaba en mal estado y tenía literas con otras 30-40 personas ". Al igual que Mario, el 45% de las y los encuestados informaron condiciones de hacinamiento y / o condiciones insalubres de vivienda. Los salarios semanales de Mario oscilaban entre $ 300 y $ 400 por más de 80 horas de trabajo. Trabajó todos los días y no recibió almuerzo ni descansos. Mario y sus compañeros de trabajo recibieron su salario en efectivo, pero se les entregaron talones de pago con salarios significativamente más altos e imprecisos.

"Una vez, un colega tomó fotos de la nómina y los empleadores amenazaron con devolverlo a México", dijo Mario. Varios de sus compañeros de trabajo trataron de huir, y el supervisor tomó represalias tomando sus pasaportes. Se necesitó una tragedia para que los trabajadores pudieran irse. Mario dijo: "Hubo un accidente porque un hombre murió en el trabajo [...] Dijeron que cuando murió, no había tenido acceso al agua".

El informe recomienda que el Congreso tome medidas adicionales para prohibir las tarifas de reclutamiento y responsabilizar estrictamente a los empleadores por las tarifas que se cobran. Además, el Congreso debería prohibir explícitamente la discriminación en el reclutamiento de trabajadores y garantizar que los trabajadores que sufren abusos puedan acceder a servicios legales mientras están en los Estados Unidos y en el extranjero.

Además, CDM recomienda que el Departamento de Trabajo y otras agencias federales asignen más recursos a programas de monitoreo e inspección y mecanismos de aplicación. La agencia debería trabajar con la Comisión del Departamento de Justicia e Igualdad de Oportunidades de Empleo para garantizar el acceso a la justicia a los trabajadores que enfrentan discriminación en el reclutamiento o el empleo. El DOL debería retirar los cambios propuestos a las regulaciones H-2A que debilitarían aún más los derechos de los trabajadores en el programa.

El informe también prevé una recreación del programa de trabajadores agrícolas temporales que hace al menos lo siguiente:

• Permite a las y los trabajadores controlar el lugar donde trabajan;

• Otorga a las y los trabajadores el derecho de cambiar de empleador;

• Ofrece a las y los trabajadores un camino hacia la ciudadanía;

• Ofrece a las y los trabajadores el derecho de traer familiares inmediatos con ellxs a los EE. UU., Y esos miembros de la familia deben tener derecho a trabajar;

• Prohíbe la discriminación en la contratación;

• Permite a los y las trabajadores unirse a sindicatos u otras organizaciones de trabajadores; y

• Brinda a los trabajadores el derecho a la atención médica y los beneficios del Seguro Social.

El resumen ejecutivo sobre el informe puede encontrarse aquí.

Acerca del Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM)

 El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) visualiza un mundo donde se respetan los derechos de los trabajadores migrantes, y las leyes y políticas reflejan sus voces. A través de la educación, la divulgación y el desarrollo de liderazgo; servicios de admisión, evaluación y derivación; apoyo en litigios y representación directa; y promoción de políticas; El CDM faculta a las y los trabajadores migrantes con sede en México para defender y proteger sus derechos mientras se mueven entre sus comunidades de origen en México y sus lugares de trabajo en los Estados Unidos. www.cdmigrante.org