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Las y los trabajadores de Tennessee se juntan en la lucha en contra los abusos de ICE

En la primera demanda de este tipo durante la administración Trump, trabajadores latinos y latinas valientes se defendieron en contra de las tácticas inconstitucionales del gobierno federal con motivo de una redada de su lugar de trabajo.

En abril de 2018, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuertemente armados asaltaron una planta procesadora de carne en Bean Station, Tennessee.  Según la demanda judicial presentada en la corte federal el 21 de febrero, los agentes usaron violencia, fuerza excesiva, lenguaje vulgar e insultos racistas al detener a casi 100 personas trabajadoras. Las y los trabajadores, muchos de los cuales habían trabajado en la planta por varios años, pensaban que eran testigos de un ataque terrorista o un tiroteo masivo.

Todas las personas trabajadoras detenidas eran (o parecían ser) Latinas.  Ni un sola persona trabajadora blanca de la planta fue detenida.

Las y los trabajadores y sus familias relatan que la redada ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades para siempre. “He vivido aquí en Tennessee desde hace 12 años.  Es mi casa. Mi familia está aquí. Mis amigos están aquí. Tengo tierra aquí. Aquí es donde mis sueños tienen sus raíces,” dijo Isabel Zelaya, un trabajador en un comunicado de prensa.  El día después de la redada, casi 600 estudiantes se quedaron en casa en lugar de ir a sus colegios. Casi un año después, las y los trabajadores, sus familias y la comunidad local siguen luchando contra el trauma y la falta de seguridad económica.

A pesar de todo, las y los trabajadores se unen en solidaridad en busca de justicia.  “Formo parte de este pleito porque busco justicia para mí y para mis compañeros de trabajo que fuimos denegados nuestros derechos constitucionales.”

La demanda colectiva alega que los agentes de ICE que participaron en la redada violaron los derechos constitucionales de las y los trabajadores que les garantiza protección igualitaria ante la ley y protección en contra arrestos arbitrarios y fuerza excesiva.  Las y los trabajadores también alegan que los agentes conspiraron para violar sus derechos civiles. Las personas trabajadoras están siendo representados por el National Immigration Law Center, The Southern Poverty Law Center, y el bufete de abogados de Sherrard, Roe, Voigt, y Harbison.