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El 18 de febrero del 2015, un jurado federal de los Estados Unidos asignó una indemnización de $14 millones de dólares a cinco ex-trabajadores H-2B. Los cinco habían sido reclutados por la compañía Signal International para trabajar de soldadores en Mississippi, reparando torres petroleras después del Huracán Katrina. Fue una conclusión emocionante tras siete años de litigio buscando la justicia para estos trabajadores migrantes que experimentaron trata, fraude y discriminación en su búsqueda de buenos trabajos en los Estados Unidos.

La experiencia de estos cinco trabajadores ilustra vívidamente las fallas y el abuso potencial que existe dentro de los programas de trabajo temporal actuales de los Estados Unidos. Aquí hay un resumen de los abusos que experimentaron los demandantes del caso:

• Fraude en el proceso de reclutamiento laboral: Los cinco demandantes fueron reclutados desde sus comunidades de origen en la India. El contratista les prometió buenos trabajos, permisos de trabajo y residencia permanente (“Green Cards”) en los Estados Unidos. Estas promesas eran falsas—los trabajadores recibieron visas H-2B, las cuales solo permiten que las y los trabajadores permanezcan en los EEUU durante menos de un año mientras trabajan con la compañía que les proporcionó la visa.
• Trata laboral: Los demandantes pagaron entre $10,000 y $20,000 USD en cuotas de reclutamiento y otros gastos para obtener sus trabajos en los EEUU. Muchos de ellos sacaron préstamos grandes y vendieron propiedades para cubrir estos gastos. Cuando se dieron cuenta que habían sido engañados y que las condiciones de trabajo no eran las prometidas, se sintieron obligados por estas deudas a trabajar a pesar de las malas condiciones. El programa H-2B no permite que los trabajadores cambien de trabajo, y los demandantes no querían correr el riesgo de perder su estatus al buscar mejor empleo en los EEUU. Un economista que revisó los records de la compañía Signal estimó que la compañía ahorró más de 8 millones de dólares contratado trabajadores H-2B con salarios más bajos a los que pagarían a trabajadores estadounidenses.
• Discriminación y malas condiciones de vivienda: El empleador obligó a los trabajadores de la India—y no a sus colegas estadounidenses—a vivir recluidos en un campamento de trabajadores sin posibilidad de moverse libremente. Les obligaron a pagar rentas mensuales de $1,050 USD por espacios pequeños y repletos de personas, mucho más de las rentas típicas de la región, y no les permitieron buscar su propia vivienda. Los trabajadores también fueron humillados en el trabajo en base a su raza y nacionalidad. Los trabajadores H-2B tienen el derecho a escoger su vivienda libremente y de recibir el mismo trato que cualquier otro trabajador que realiza la misma labor. Estos derechos fueron violados.
• Represalias ilegales: Cuando los trabajadores se quejaron de las malas condiciones de trabajo y vivienda, fueron amenazados con deportación. Un demandante también fue detenido por guardias privados por haberse quejado de las condiciones y por haberse comunicado con organizaciones que apoyan a los trabajadores, y recibió una recompensa por esta represalia ilegal.

Los demandantes en este caso recibieron servicios legal del Southern Poverty Law Center (SPLC), el Programa de Derechos Humanos del American Civil Liberties Union, Crowell & Moring, el Asian American Legal Defense and Education Fund, Sahn Ward Coschingnano & Baker, y el Louisiana Justice Institute. Actualmente el SPLC y otros aliados están llevando varios otros casos legales a favor de más de 200 otros ex-trabajadores H-2B de la compañía Signal, quienes experimentaron condiciones parecidas a los cinco demandantes en este caso.